La sentencia, a la que tuvo acceso Servimedia, considera probado que el agente incurrió en un delito consumado y continuado de desobediencia, al incumplir las reiteradas órdenes de reincorporación a su puesto de trabajo.

El agente de la Benemérita fue dado de baja en agosto de 1991 por padecer una "candropatía rotuliana izquierda". Cuatro años más tarde se inició un expediente de inutilidad, si bien al realizarse las pruebas para atestiguar su enfermedad, en el Hospital Militar "Gómez Ulla" de Madrid, se comprobó que no existía "atrofia ni limitación" alguna.

Por ello, en abril de 1995, se emitió un informe que consideró al Guardia Civil "útil para el servicio de su cuerpo", por lo que fue reclamado a su destino, a lo que el condenado se negó en varias ocasiones, hasta que la Benemérita optó por no seguir insistiendo.

El condenado presentó distintas actas de baja médica suscritas por un médico particular, que no eran refrendadas por los reconocimientos del médico oficial del servicio, y alegó que incorporarse a su trabajo atentaría contra su integridad física.

El Supremo considera que el guardia civil "sabía que incumplía un servicio" y además "tenía voluntad de hacerlo, con pertinaz contumacia", por lo que procede ratificar su condena a un año de prisión.