En un uto hecho público hoy, los magistrados Gregorio García Ancos, Joaquín Martín Canivell y Luis Román Puerta consideran que las actuaciones denunciadas como prevaricadoras no son sino "una serie de resoluciones legalmente permitidas" y susceptibles de unos recursos que ni siquiera fueron ejercitados por el fiscal.

Entre las actuaciones supuestamente prevaricadoras destacan la de investigar un asunto que afectaba a Navarro, contra quien, según los querellantes, Garzón sentía una "enemistad manifiesta".

En cuanto a la revelación de secreto, la sala sostiene que la decir que Garzón fue el autor de la filtración del documento encontrado en el registro "no pasa de ser una sospecha, más o menos fundada", de los querellantes, e "insuficiente a todas luces" para que el Alto Tribunal abra una investigación.

Agregan los magistrados que la autoría de Garzón de la filtración "constituye simplemente una posibilidad que no permite excluir otras igualmente verosímiles sobre el origen de la misma". En este sentio, el Supremo recuerda que los propios denunciantes se referían en su querella a los periodistas que habitualmente informan de la actualidad de los tribunales. "Es indudable, pues, que el ámbito de las sospechas alcanza, en principio, a un número indeterminado de personas", señala.

Navarro y Santaella acusaban a Garzón de ocho delitos de prevaricación y uno de revelación de secreto, cometidos presuntamente durante su actuación en la investigación de una pieza separada que el titular del juzgado centra de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional abrió dentro de las investigaciones sobre el diario "Egin", registrado en julio de 1998.

En ese registro, se encontró, entre otras cosas, un documento en el que se transcribe una supuesta conversación entre el jefe del equipo de investigación de dicho rotativo, Pepe Rei, el juez Navarro y el abogado Santaella.

La pieza separada dio lugar a que una televisión privada anunciase que Navarro y Trevijano estaban siendo investigados por Garzón por los cntactos que habían mantenido "con personas del entorno de ETA". Según los querellante, esta parte de la investigación estaba declarada secreta cuando el medio de comunicación difundió el contenido de dicho documento.

Garzón decidió archivar la pieza separada, después de que el Tribunal Supremo le dijese que no era competente y tras recibir el informe del fiscal solicitando el sobreseimiento libre de la misma.