Con esta decisión, el Supremo confirma que García Ortiz será juzgado por revelación de secretos en solitario después de que el alto tribunal estimara por unanimidad el recurso de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, que queda fuera del procedimiento judicial.

Según la Sala de Apelaciones, las pruebas acumuladas durante la investigación no permiten implicar a Pilar Rodríguez en un plan preconcebido para filtrar información sobre Amador y concluye que “no hubo indicios de la comisión de delito”.

La decisión se tomó por mayoría de dos votos a uno. El magistrado Eduardo Porres, de perfil progresista, ha emitido un voto particular en el que sostiene que la causa debió ser sobreseída para ambos investigados.

Porres señala que en su propuesta de ponencia se contemplaba esa tesis, pero “la valoración de la mayoría ha resultado radicalmente divergente a mi borrador; absolutamente incompatible, por lo que entiendo necesario, que conste el disenso, que no es cuestión de matiz” porque, a su juicio, no está “suficientemente justificado” el hecho delictivo por parte del fiscal general.

El fiscal general del Estado había presentado un recurso en el aseguraba que las acusaciones estaban basadas en imputaciones “infundadas o voluntaristas”.

Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, pide para el fiscal general una pena de cuatro años de prisión, más otros tres de suspensión de empleo por haber difundido supuestamente datos reservados sobre la investigación por fraude fiscal del empresario.

El juez Ángel Hurtado procesó a García Ortiz y a la fiscal Rodríguez el pasado mes de junio, acusando de haber desvelado información confidencial del caso de fraude fiscal contra la pareja Ayuso. En su auto, el magistrado aseguraba que esas filtraciones se realizaron siguiendo “indicaciones” de La Moncloa, aunque no citaba pruebas que lo acreditasen.

El Supremo considera en su decisión tomada por mayoría que las pruebas permiten concluir “de forma provisional” que la filtración del correo “que contenía información reservada” fue “una actuación coordinada e impulsada personalmente por el Fiscal General del Estado”.

Añade que el borrado de los mensajes del teléfono de García Ortiz “tuvo por finalidad ocultar la información ante una posible investigación”, lo que los jueces consideran “un potente contra indicio que se utiliza habitualmente por los tribunales”.

En cambio, en relación con Pilar Rodríguez, la Sala asegura que “no tenía capacidad de supervisión ni de impedir la iniciativa del fiscal general del Estado” y afirma que no hay pruebas de que participara en la redacción de la nota difundida por la Fiscalía, y decide el archivo de la causa para ella.