La defensa de Santos Cerdán abogaba por revisar la investigación completa del ‘caso Koldo’ y para ello solicitaba toda una batería de medidas dirigidas a lograr la nulidad de las actuaciones.

Una de las más destacadas era la petición para que se tomara declaración como testigo al jefe de delitos económicos en la Unidad Central Operativa (UCO) Antonio Balas y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en la causa en la Audiencia Nacional. El primero de ellos elaboró el informe incriminatorio en esta causa, mientras que Villalba entregó a Koldo los teléfonos desde los que se hicieron las grabaciones incorporadas a la causa.

El magistrado, sin embargo, no da respuesta en su auto a la petición de puesta en libertad de su defensa a la espera que de que se pronuncien sobre ella la Fiscalía y las acusaciones personadas.

La defensa de Cerdán decía en su escrito que no se había solicitado el correspondiente suplicatorio al Congreso para investigarle. Ahora el juez indica que no se le podría estar investigando “sin la existencia de previos indicios mínimamente sólidos; y esos indicios, obviamente, nunca se podrían obtener sin investigar”.

Y añade que las conversaciones denunciadas se derivan de la declaración realizada ante el instructor por Víctor de Aldama y que en ningún caso se ordenó “que se procediera a la investigación de ninguno” de los aforados, sino a la comprobación en los terminales telefónicos para ver si existieron esas comunicaciones.

Puente defiende estas comprobaciones porque de otro modo “cualquier actuación referida a un diputado o senador que pudiera tener por objeto la confirmación o el descarte preliminar de aquellas manifestaciones representaría ya una investigación prohibida”.

El magistrado relata que el abogado de Cerdán pide en un extenso escrito un conjunto de alegaciones, “todas ellas plenamente legítimas”. El auto comienza dando respuesta a la petición de la defensa de tener acceso a toda la documentación del procedimiento y la queja por la “falta” de ciertos documentos que, asegura el juez, “no es así”. Puente responde que todos los documentos constan en las actuaciones y pide a la letrada de la Administración de Justicia que resuelva cualquier incidencia que impidiera el acceso a cualquier documento.

Además, el abogado de Cerdán pedía “la totalidad de las evidencias electrónicas” intervenidas, a lo que el magistrado responde que “dicha petición, en los imprecisos términos en los que aparece formulada, no puede ser acogida, por considerarla claramente inútil y perjudicial”.