El motivo alegado por los magistrados para la suspensión fue la incomparecencia de cuatro de los testigos principales del ministerio fiscal, quien en sus conclusiones solicita una condena de siete años de prisión y una multa de cien mil pesetas para el inculpado.

Los hechos que motivaron la celebración de la vista oral se remontan a 1987, cuando Antonio Izquierdo, primer secretario provincial de la sección de Justicia de Comiiones Obreras, fue denunciado por la falsificación de un acta judicial en su destino en el Juzgado de Instrucción de Ronda.

El acta dejaba constancia del traspaso de la propiedad de un inmueble subastado a un particular, sin que se reflejara en ningún momento una primera adjudicación a los intermediarios de la operación, que, de esa manera, se libraban de abonar las tasas de transmisión de propiedades.

Desde la responsabilidad sindical que desempeñaba Antonio Izquierdo fueron denunciadas algunas rregularidades en la Audiencia Provincial de Málaga, tales como la existencia de dos lujosas viviendas de 800 metros cuadrados en el mismo Palacio de Justicia, un remozado hotel de primeros de siglo y al mismo tiempo uno de los edificios emblemáticos de la ciudad de Málaga.

Según la denuncia formulada entonces por el sindicato, una de las viviendas de lujo del Palacio de Justicia la ocupaba el presidente de la Audiencia Provincial.

Responsables de CCOO calificaron en numerosas ocasiones la coinciencia de la denuncia por irregularidades y el procesamiento de Antonio Izquierdo como una represalia sindical.

La defensa de Izquierdo insiste en que las pruebas periciales efectuadas por los calígrafos de la Guardia Civil demuestran la inocencia de su patrocinado en cuanto al delito de falsificación de las actas de transmisión de la vivienda subastada.

A la vista oral acudió el presidente de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, quien catalogó el proceso como "un atque a las libertades democráticas de un compañero del que se ha demostrado su inocencia".

El histórico líder sindical manifestó que el proceso contra Antonio Izquierdo forma parte de un contexto en el que existen personas que no aceptan la presión sindical, por lo que coartan los derechos fundamentales y dan pie a la elaboración de leyes como la de Seguridad Ciudadana o la próxima de Huelga.