La trama de las escuchas telefónicas ilegales fue descubierta en marzo de 1994 por el diputado del Partido Popular Juan Carlos Gimeno, quien lo denunció al juez de guardia.

De las diligencias resultaron imputados Angel Mayor, agente de seguridad de la diputación, y Manuel Rodríguez, escolta de la entonces presidenta de la instituión, Clementina Ródenas, del PSOE.

A raíz de estas escuchas dimitió el vicepresidente de la diputación, Vicent Vercher, también del PSOE, que confirmó la existencia de hilos telefónicos en su propio despacho.

El pasado 19 de febrero, la vista fue suspendida por primera vez debido también a la ausencia "por enfermedad" del abogado de la defensa, Jesús Sancho-Tello. El 22 de abril también se aplazó el juicio por coincidir en la misma fecha la vista de otro caso judicial llevado por el mismo abogadode la defensa.

Después de concluir la instrucción del sumario de este caso, la Audiencia Nacional, a la que fue remitido, declinó su competencia, ya que las penas solicitadas por el fiscal no superaban los 6 años de cárcel. El fiscal actual del caso pide seis meses de arresto y multa de 300.000 pesetas para cada uno de los dos inculpados.