En su auto, la juez considera que no es competente para investigar los hechos al tratarse de personas aforadas y recuerda que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado por querellas similares y han sido inadmitidas porque los hechos que las sustentan no son constitutivos de delito.

Según defendía la querella, el acuerdo firmado entre los socialistas y el partido de Carles Puigdemont, y las posteriores negociaciones abiertas también con ERC tienen “la finalidad de impedir el normal desarrollo de la función jurisdiccional en los procesos judiciales” relativos a determinados hechos y personas a las que busca beneficiar la ley de amnistía.

El escrito aseguraba que la medida ataca frontalmente la independencia judicial y se refiere también al pacto para desarrollar comisiones de investigación que, según deduce, estarán dirigidas a poder “exigir todo tipo de responsabilidades y acciones contra los jueces y magistrados”.

“Es un hecho objetivo que la entraña de los acuerdos suscritos por los partidos querellados no persigue lo que han llamado desjudicializar el conflicto del Estado con Cataluña, en realidad consiste en obtener votos para el candidato del PSOE en la sesión de investidura de Presidente del Gobierno a cambio de conceder la impunidad”, dice la querella.

Abogados Cristianos también apuntaba al delito de tráfico de influencias asegurando que los acuerdos alcanzados por los partidos querellados buscaban “un beneficio por parte del PSOE como es obtener la investidura de su candidato con los votos de ERC y Junts mientras que estos conseguirían la condonación de 15.000 millones de euros, más 1.300 millones de intereses, de la deuda que mantiene un tercero como es la Generalitat de Cataluña”.