En un comunicado, la asociación, que agrupa a los tasadores que trabajan para sociedades de tasación y está integrada en la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), denunció que el modelo con el que trabajan las sociedades de tasación se basa en trabajadores autónomos con tarifas a la baja y por debajo de costes. Concretamente, explicó que sus honorarios representan en algunos casos apenas un 20% de lo que paga el cliente final y permanecen prácticamente congelados desde 2008, situando sus ingresos “por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, pese a que la carga técnica y de gestión que deben asumir por las nuevas regulaciones que afectan a su trabajo ha ido incrementándose”.

La asociación reclama un acuerdo marco que contemple unas tarifas mínimas ligadas al coste real de los informes, que situarían la retribución media anual en torno a los 30.000 euros brutos por profesional, actualizadas por IPC y ajustables ante cambios normativos u operativos.

También reclama condiciones contractuales “equilibradas”, eliminar indicios de laboralidad encubierta, plazos realistas, pagos en un máximo de un mes, compensaciones por desplazamientos y claridad en los honorarios desde el inicio.

Pide el derecho a rechazar encargos no viables, control estricto de la firma digital y garantías para que el tasador contrate con la sociedad de tasación, no con la entidad financiera.

Igualmente, solicita órganos de gobernanza y resolución de conflictos mediante una comisión mixta paritaria tasadores–sociedades.

Los tasadores se defienden asegurando que con sus peticiones no pretenden “encarecer injustificadamente las hipotecas”, sino “alinear los precios con los costes reales, eliminar comisiones impropias y garantizar que quien realiza el trabajo no siga haciéndolo a pérdidas”.

El paro “puede ralentizar la concesión de hipotecas”, según avisó la asociación, que incidió en que la situación actual de los profesionales del sector “compromete la calidad del sistema hipotecario regulado” porque disponen de menos tiempo por informe pudiendo cometer errores. También apuntó a prácticas de entidades financieras y sociedades de tasación que podrían ser contrarias a la competencia o abusivas, como rehomologaciones, comisiones opacas, tarifas impuestas por debajo de costes, subastas de encargos a la baja o penalizaciones por rechazar trabajos ruinosos.