Estos artículos, entre otras cuestiones, regulan las denominadas zonas de aceleración renovables (ZAR). La demanda de la Xunta de Galicia alega que los preceptos impugnados podrían vulnerar el artículo 86 de la Constitución por incumplir el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad.

Asimismo, el recurso de inconstitucionalidad sostiene que la norma es contraria al régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, según lo establecido en los artículos 149.1.18ª, 23ª y 25ª de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Galicia y también contraria al principio de seguridad jurídica.