La decisión se adoptó por mayoría y en su contra han anunciado voto particular los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, que forman el bloque conservador en el tribunal de garantías.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso en septiembre de 2021. El PP actuaba así contra la reforma destinada a recortar los poderes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando está en funciones, entre ellos el de realizar nombramientos en la cúpula judicial.

La proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos fue muy contestada no solo por la oposición, sino por el propio CGPJ que trató sin éxito en varias ocasiones de que el Congreso recabara su opinión antes de su tramitación. El Consejo llegó a plantearse la presentación de un conflicto de competencias con la cámara baja, pero la petición hecha por un grupo de vocales fue descartada.

El efecto más visible y pernicioso de la limitación de competencias del CGPJ, que lleva más de cinco años en funciones, es el rampante número de vacantes que no se pueden cubrir. El Tribunal Supremo (TS) encara 2024 con más del 30% de sus plazas de magistrado sin cubrir y en una situación cada vez más crítica. De un total de 69 plazas distribuidas en cuatro Salas especializadas, ya son 24 las que están sin titular por la imposibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial haga nombramientos mientras esté en funciones.

Las fuentes consultadas por Servimedia depositan su confianza en el incipiente acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pactaron abordar la renovación del CGPJ con la supervisión de las instituciones europeas.

El Supremo acumula 24 vacantes de manera que la Sala de lo penal funciona con 14 de los 15 magistrados que debería tener, la de lo Contencioso-Administrativo cuenta sólo con 22 de los 33 miembros que le corresponden, la de lo Social tiene seis de los 13 que fija la ley y la de lo Militar funciona con cinco de los ocho que debería tener, lo que significa que el el 30,3 % de la plantilla del TS permanece sin renovar.

Pero el Supremo no es el único tribunal que se ve en dificultades por acumulación de vacantes. Los órganos superiores de la judicatura acumulan ya cerca de 90 vacantes y agudizan la parálisis de la judicatura desde la reforma legislativa de marzo de 2021, que impidió al CGPJ hacer nombramientos mientras estuviera en funciones.

La medida fue la respuesta del PSOE a las trabas del PP para proceder a la renovación de los 20 miembros del CGPJ, de los que ahora sólo quedan 16 en activo, tras haber caducado su mandato en diciembre de 2018. En estos años, jueces y magistrados de las más altas instancias judiciales, se han jubilado, han fallecido o han salido de sus puestos para formar parte de otras instituciones.