En dichos recursos los demandantes de amparo impugnaron los autos dictados el 1 de julio y 30 de septiembre de 2024 por la Sala sentenciadora, en los que, entre otros pronunciamientos, se declaró que no procedía amnistiar el delito de malversación de caudales públicos por concurrir dos causas de exclusión previstas en la propia Ley de amnistía: la de haber obtenido “un beneficio personal de naturaleza patrimonial” y la de “tratarse de actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea”.

Los demandantes de amparo aducen que estas resoluciones judiciales vulneran varios derechos fundamentales, entre otros, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la legalidad penal y a la participación política.

En los tres autos aprobados, el Tribunal acuerda no suspender la ejecución de la pena por no derivarse de la misma un perjuicio irreparable que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, en los términos previstos en la norma aplicable, el art. 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El Pleno toma en consideración la larga duración de la inhabilitación absoluta impuesta a cada recurrente en sentencia, de doce y trece años, el tiempo pendiente de cumplimiento, superior a cinco años, el plazo previsible en el que se resolverán los amparos, manifiestamente inferior, así como la imposibilidad de adoptar en esta fase del procedimiento constitucional, conforme a reiterada doctrina constitucional, un juicio anticipatorio del fundamento de la pretensión deducida.