Las cinco preguntas se referían a la valoración que le merecía al gobierno regional el cumplimiento del código ético por parte de altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos, y, en concreto, del jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La Mesa de la Asamblea de Madrid las inadmitió a trámite basándose en que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid no forma parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, dichas preguntas no tenían por objeto una acción de control del Gobierno regional.

La sentencia considera que la inadmisión de las preguntas no estaba suficientemente motivada, por cuanto afectaban al ámbito de la comunidad autónoma y no estaban desvinculadas de la competencia o gestión del Consejo de Gobierno. Por ello, su inadmisión a trámite ha supuesto una limitación no justificada del derecho de la recurrente a formular preguntas al Consejo de Gobierno.

Facultad de formular preguntas que se integra en el de su derecho al ejercicio del cargo representativo en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (artículo 23 de la Constitución) que se considera aquí vulnerado.

La sentencia anula las resoluciones de la Asamblea de Madrid por las que fueron inadmitidas las preguntas y ordena retrotraer las actuaciones para que la Mesa de la Asamblea de Madrid adopte una nueva resolución respetuosa con los derechos fundamentales reconocidos.