Tecniberia explicó que, con dicho proyecto, el riesgo de competencia desleal provendría tanto de empresas con participación del Estado, universidades y centros de investigación como del sector privado, representado principalmente por las empresas constructoras.

El presidente de Tecniberia, Francisco Cal, y el vicepresidente primero, Pedro Canalejo, hicieron pública esta advertencia en la presentación de una jornada sobre este proyecto de ley que organiza Tecniberia mañana en Madrid junto a la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

Entre los puntos recogidos por el proyecto de ley, Cal valoró el hecho de que exija que las empresas estén clasificadas para poder desarrollar proyectos de ingeniería y consultoría. "Esto evitará que cualquier empresa pueda realizar estas labores", explicó.

Por el contrario, el presidente de Tecniberia lamentó que dicha normativa no distinga los servicios intelectuales (informática, ingeniería y consultoría) de otros servicios como obras, adquisiciones o suministros.

También denunció que, en el caso de contrataciones mixtas (en las que la empresa contratada se encarga tanto del proyecto como de su ejecución), no recoja una separación nítida entre ambos aspectos.

Por ello, Tecniberia solicita que las contrataciones mixtas solo puedan realizarse en casos excepcionales y que, cuando eso ocurra, los licitadores acrediten la formación necesaria en ambos campos.

Cal advirtió también que bajo la denominación de "encomiendas de gestión" la administración podrá contratar a empresas asociadas al Estado para la elaboración de proyectos sin que éstas acrediten la competencia necesaria evitando así concursos públicos.

Denunció asimismo que el proyecto de ley "no exige calificación ni a las universidades ni a los organismos públicos de investigación que deberían dedicarse a los nuevos desarrollos y no a realizar proyectos de algo inventado".

Por otra parte, Tecniberia considera preocupante que, en una disposición adicional, el proyecto califique como relación instrumental y no contractual los trabajos encomendados a la empresa pública Tragsa.

Por todo ello, Canalejo pidió que se modifique este proyecto de ley para que "trate con cariño a un sector fundamental para el desarrollo económico y el equilibrio de la balanza comercial".