Según datos gubernamentales, la batería de rebajas fiscales, subvenciones y ayudas directas desplegadas para hacer frente a la crisis energética y la inflación entre 2021 y 2024 tuvo un coste acumulado para las arcas públicas de más de 53.300 millones, cifra que el Banco de España estima entre 48.300 y 57.100 millones.

Así las cosas, Gestha señala que el aumento de la inflación afectó más a los hogares de menores ingresos que a los hogares de mayores ingresos. En concreto, se ha verificado que, en proporción a su gasto total, las rebajas del IVA de los alimentos y del gas beneficiaron más a los hogares de rentas bajas, mientras que la bonificación a los carburantes y de la electricidad benefició más a los hogares de rentas altas.

En este sentido, los técnicos advierten que las bajadas generalizadas de IVA a la electricidad son regresivas, ya que benefician proporcionalmente más a las rentas altas con mayores consumos, como en la climatización de viviendas más grandes que suelen tener más consumos, y, por otra parte, las bajadas generales generan una tendencia a ser absorbidas vía precios, contribuyendo a aumentar la espiral inflacionista.

Como ejemplo de acierto, tras el fin de la bonificación general de 20 céntimos por litro de carburante —que costó 2.841 millones en un solo semestre—, las ayudas se concentraron en subvenciones a los transportistas, agricultores y pescadores, pudiendo los transportistas ahorrar hasta un 14% en el precio neto del gasóleo gracias a las ayudas directas y devoluciones parciales.

Por ello, los técnicos de Hacienda concluyen que se originó un coste fiscal superior porque la mayoría de las medidas fiscales adoptadas fueron generales y no iban destinadas exclusivamente a los hogares de bajos ingresos o sectores afectados.

Los años de mayor impacto recaudatorio fueron 2022 y 2023, cuando se aprobaron la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad, la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y la reducción del IVA de la electricidad, la bonificación al combustible, ayudas directas como el cheque de 200 euros, la gratuidad del transporte público o la supresión del IVA (0%) para productos básicos (pan, leche, huevos, frutas, verduras) y la rebaja al 5% para aceites y pastas.

Gestha valoró positivamente el cheque de 200 euros para familias con rentas bajas, aunque propuso diferenciar el importe en dos tramos según el nivel de ingresos (hasta 14.000 euros y entre 14.000 y 27.000 euros) para mejorar su progresividad, y estima que más de ocho millones de personas se beneficiaron del cheque.

Además, Gestha considera necesario matizar la idea de que se esté “haciendo caja con la crisis”, dado que parte de la evolución recaudatoria puede explicarse por efectos asociados a la inflación, y ven necesario precisar que el IVA pagado por el consumidor final genera recaudación, pero el pagado por las empresas de transporte, agricultura, ganadería o pesca es deducible, y no supone un ingreso directo para Hacienda, ya que el IVA es neutral para las empresas.

En este sentido, explica que Hacienda no retiene la totalidad de estos impuestos, sino que cede a las comunidades de régimen común el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos y el 50% de la recaudación del IVA.

Gestha insiste en que las medidas tributarias son "coyunturales y paliativas" al no atacar la raíz del problema inflacionario, y advierte que las bajadas de impuestos pueden ser absorbidas por aumentos en el precio del kilovatio o de las empresas petroleras o de alimentación si no hay una supervisión estricta.

Por este motivo, plantean un catálogo de medidas centradas en racionalizar el uso y el coste de la energía y los combustibles, que deberán graduarse si la espiral inflacionaria o los efectos de la crisis se traslada a los precios de los alimentos, de la vivienda o de otros bienes de consumo.

Así, para 2026, Gestha defiende un cambio de enfoque hacia la vigilancia estricta de los márgenes comerciales, los stocks y el control de los movimientos especulativos. Entre sus recomendaciones clave destacan la reforma del sistema marginalista de precios, porque, según Gestha, no es eficiente que la última tecnología en entrar (generalmente la más cara) marque el precio para todas las demás, conclusión a la que también llega la Comisión Europea, por lo que proponen subastas basadas en costes de producción y la eliminación de los "beneficios caídos del cielo" en centrales nucleares e hidráulicas.

También reclama el refuerzo de los descuentos del transporte público colectivo, así como el fomento del teletrabajo en empresas y administraciones públicas; profundizar en los incentivos fiscales a las empresas y trabajadores por utilizar cheques o tarjetas de transporte público y a la compra de vehículos eléctricos, enchufables e híbridos.

El impulso al autoconsumo eléctrico, estabilizar los precios del alquiler, coordinación de ayudas a transportistas, fomentar la transición de las instalaciones industriales que utilicen energías renovables, la reducción de tipos impositivos y gravámenes en las facturas eléctricas hasta el mínimo que permite la normativa europea y “vigilar” comportamientos especulativos de empresas de energía o gasolinas son otras de las demandas de Gestha.