Se trata de "la primera vez" que una entidad pública reconoce que la ley que obliga a las televisiones a anunciar sus programaciones con 11 días de anticipación "va contra los derechos del espectador, en lugar de protegerlos", como se argumentó para su promulgación hace cinco años.

Precisamente al amparo de esa ley Telecinco fue multada con 300.000 euros el pasado mes de octubre "de forma injusta y discriminatoria", en una decisión gubernamental a la que se dio "especial promoción por su aprobación, por primera vez, en un Consejo de Ministros".