"Al margen por completo de cuál sea la legislación en materia de protección de datos y de la reserva en cuanto a lo que puede significar una intromisión en la intimidad", dijo Castellano a Servimedia, "hay un hecho cierto: cuando un ciudadano suscribe con cualquier empresa suministradora un contrato para que le sea puesto a su disposición determinado servicio, los datos que aporta los ofrece al puro, único y exclusivo fin de que quede identificado a quién se debe prestar el servicio y d quién se cobra".

En opinión del parlamentario de IU, "cualquier uso de toda esta documentación para fines que no sean los que vienen en el contrato, es un uso abusivo y, en consecuencia, absolutamente fraudulento".

"Por lo tanto, desde el punto de vista de Izquierda Unida, y sin entrar en ese terreno al que se quiere conducir, acerca de si se ha de manifestar la conformidad o no con que se disponga de esos datos", añadió Castellano, "lo que nos llama la atención es cómo es posible que una compaña, me da igual que sea pública que privada, puede creer que se pueden utilizar los datos que ella adquiere con el exclusivo objeto de prestar un servicio para obtener pura y sencillamente un lucro. Es sinceramente repugnante".

Castellano anunció que su grupo "va a estudiar seriamente" de qué forma el Congreso "se puede pronunciar para impedir que alguien en este mundo en que todo tiene que ser objeto de tráfico y de comercio, pueda ni más ni menos que buscar un aprovechamiento indebido de aquello que o fue puesto a su disposición para otra finalidad que la que el contrato tenía".