Así se expresó en el Senado, donde compareció a petición propia para informar de las líneas generales de actuación que llevará a cabo su ministerio en esta XV Legislatura y donde informó de que "esta semana se registrará la petición conjunta de creación de una subcomisión para renovar el Pacto de Violencia de Género" que busque dar una mejor respuesta a las víctimas, atendiendo además a las nuevas formas de violencia, como las que se desarrollan en el ámbito digital.

La ministra comenzó su comparecencia ofreciendo diálogo, políticas constructivas y consenso para consolidar los avances en derechos. La primera de sus prioridades, enfatizó, "será reforzar los medios y recursos en la lucha contra la violencia de género", por lo que defendió la renovación del Pacto de Estado.

La ministra aseguró que su Ministerio trabajará para impulsar el denominado cribado universal, situando la atención primaria en el primer espacio de detección precoz de la violencia contra las mujeres y señaló la necesidad de mejorar "la coordinación interinstitucional" o reforzar el funcionamiento de los Centros de crisis 24 horas, “poniendo a disposición los recursos necesarios para garantizar a las víctimas de agresión sexual toda la atención y acompañamiento que requieren”.

ODIO

Como segunda prioridad, la ministra de Igualdad propuso un gran acuerdo contra los discursos de odio hacia las personas y colectivos más vulnerables. Los delitos de odio crecieron un 3,7% en 2022, con los delitos de odio por racismo y xenofobia como los más numerosos, un 43,5%; seguidos de los LGTBIfóbicos con un 24,5%. Con este acuerdo, pretende “fortalecer el consenso social y político en la condena de los discursos de odio dirigidos a grupos vulnerables, así como a proporcionar información y protección a las víctimas de discriminación”.

También se refirió a la protección a los menores de la pornografía y ofreció un acuerdo de país para proteger a los niños y adolescentes en la red con tres ejes: la aprobación de una ley integral para la protección de los menores, la aprobación de una estrategia multidisciplinar desde el ámbito de la educación, de las competencias digitales y desde la igualdad; y la creación de herramientas que impidan el acceso a esos contenidos pornográficos a los menores de edad.

Durante su comparecencia, la ministra se refirió a la implementación de las leyes aprobadas en la anterior legislatura como otra de las prioridades de actuación de este mandato.

En este sentido, destacó la Ley LGTBI para que “sus derechos se vean mejorados en un corto plazo de tiempo y para que ninguna persona se quede sin un marco normativo e institucional”. La ley contempla además la erradicación de las llamadas “terapias de conversión” o la lucha contra el 'sexilio', el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia. En las próximas semanas saldrá a contratación pública un estudio de un año de duración con el fin de recabar datos sobre este tipo de migraciones.

ABORTO

Sobre la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, Redondo dijo que se persigue garantizar la igualdad de condiciones en todas las Comunidades Autónomas, y en el medio rural, donde hay menos servicios y más dispersos.

La ministra argumentó que las circunstancias que llevan a una mujer a interrumpir su embarazo son personales y obedecen a situaciones que no pueden entrar a cuestionarse; y también insistió en que hay que garantizar el derecho de las mujeres que quieran ser madres a poder serlo.

Finalmente, anunció que el 29 de abril se celebrará la Conferencia Sectorial de Igualdad y convocará la Comisión Interministerial de Igualdad, que no se reúne desde 2018.