Lo hizo a través de un comunicado en el que recogió declaraciones de su presidente, Luciano Poyato, quien señaló que la clave de la norma ha de ser “definir el objetivo, función y el bien protegido por los servicios sociales”, puesto que “la falta de definición actual provoca diferencias y distorsiones entre los territorios”.

En ese sentido, atestiguó que la norma debería “fomentar la reducción de las desigualdades entre y dentro de los territorios en el acceso y en la oferta de recursos”, por lo que consideró necesario establecer un “catálogo común de prestaciones que esté adaptado a la realidad multidimensional de la pobreza y vulnerabilidad social, que establezca un nivel básico de prestaciones”.

Del mismo modo, el texto habría de establecer “estándares básicos de obligatorio cumplimiento en todos los territorios y para todos los tamaños de población, incluyendo el ámbito rural, además de facilitar la interconexión territorial y asegurar la portabilidad de los expedientes, garantizando los derechos de las personas y los procesos de intervención para su bienestar”.

A su vez, indicó la importancia de que la ley “reduzca los procesos de violencia administrativa, favoreciendo la automatización de procesos, introduciendo sistemas de ventanilla única que reduzcan al máximo la burocracia y la carga administrativa que recae sobre las personas, asegurando la gestión única de los casos y regulando instrumentos técnicos, como la historia social única”.

A juicio de Luciano Poyato, se necesitan unos servicios sociales “adaptados a la realidad y con enfoque de derechos humanos accesibles, integrales, integrados de manera horizontal y vertical y centrados en la persona”.

También pidió que la norma regule la participación de los agentes colaboradores del sistema público de servicios sociales, que defina el papel del Tercer Sector en dicho sistema y que potencia la fórmula del concierto social como mecanismo de implicación de las entidades sociales.

En materia de financiación, consideró necesario aumentar la inversión social y que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) “blinden la inversión en servicios sociales al menos al nivel promedio de la Unión Europea”.

Por último, confiaron en que la ley incorpore “mecanismos y sistemas de evaluación que permitan determinar el impacto de los programas y servicios y se utilicen para mejorar las intervenciones y la calidad de las mismas”.