Europa

El tercer sector exige que el Fondo Social Europeo no quede difuminado en los nuevos presupuestos comunitarios

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MADRID
SERVIMEDIA

Representantes de entidades del tercer sector ven con preocupación la posibilidad de que el Fondo Social Europeo (FSE) se difumine en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Unión Europea, que se negocia actualmente, por lo que exigen su blindaje.

Esta reclamación es avalada por la eurodiputada del PP Rosa Estarás y la del PSOE Idoia Mendia, que consideran la propuesta de la Comisión Europea de "ambigua" y "difusa" y coinciden en la necesidad de defender la permanencia y singularidad del FSE, "que es el corazón de Europa".

Así se puso de manifiesto en el diálogo sobre 'El pilar social europeo, una conquista en riesgo', celebrado en la agencia de noticias Servimedia junto al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

En el encuentro participaron el embajador en Misión Especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Celada; la eurodiputada del PP, Rosa Estarás; el secretario general del Cermi, Alberto Durán; la eurodiputada del PSOE, Idoia Mendia; el director de la Representación en España de la Comisión Europea, Daniel Calleja; y la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez.

Durán reclamó la necesidad de que el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 preserve la identidad, los recursos y la gestión especializada del Fondo Social Europeo Plus.

Durán advirtió de que la propuesta planteada por la Comisión Europea para los presupuestos a largo plazo de la UE prioriza otras partidas, como la seguridad exterior, pero señaló que sin "cohesión social interior no habrá una Europa más segura".

Según el Cermi, el debate presupuestario en la UE no puede limitarse a las cuantías, sino que debe garantizar la finalidad, la singularidad y la continuidad del modelo de colaboración entre administraciones y tercer sector. "El problema no es tanto el dinero, que también lo es. El problema es la diferenciación, la singularidad, que eso vaya realmente destinado al fin al que ha venido destinado hasta el momento", defendió Durán, que recordó que "la competitividad no es solo la economía".

UN MODELO RENTABLE

En este sentido, el secretario general del Cermi insistió en que es necesario que los recursos que hasta ahora se destinaban a la inclusión no se desvíen a otras prioridades y reivindicó los resultados obtenidos en España gracias al FSE.

En estos 25 años, Cáritas, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano y Fundación ONCE han atendido a más de 1,3 millones de personas y han contribuido a crear más de 470.000 empleos, destacó Durán. Según añadió, "por cada euro invertido del Fondo Social Europeo se recuperan entre tres y cuatro mediante salarios e impuestos".

Por su parte, la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, defendió en el mismo sentido la rentabilidad de las políticas de inclusión a largo plazo y reclamó que los fondos europeos incluyan objetivos vinculantes que impidan desviar los recursos de cohesión social hacia otras prioridades.

Giménez reclamó de igual modo que el tercer sector siga formando parte del diseño, ejecución y seguimiento de los programas europeos para que no se difuminen las políticas y para que los recursos destinados a la inclusión no acaben financiando otras actuaciones.

SINGULARIDAD

En la misma línea se manifestaron las eurodiputadas del PP y del PSOE, Rosa Estarás e Idoia Mendia respectivamente, que coincidieron en exigir un Fondo Social Europeo con financiación e identidad propias.

Estarás reivindicó que la cantidad destinada al FSE debe mantenerse y abogó porque continúe también "la singularidad" de estos fondos. "El FSE no puede quedar difuso. Ha de ser un fondo nítido e identificable", dijo.

En su opinión, la propuesta puesta sobre la mesa por la Comisión Europea "es un poco difusa" porque, aunque recoge que el 40% del presupuesto comunitario se destinará a temas sociales, no acota las partidas que corresponden a cada área. De ahí el riesgo, según señalaron los intervinientes en el diálogo, de que, por ejemplo, los fondos destinados a la inclusión laboral de personas con discapacidad puedan destinarse a otros asuntos en función de la decisión de cada país.

Idoia Mendia calificó también la propuesta de la Comisión de "ambigua" y ambas se comprometieron a defender el Fondo Social Europeo, un instrumento que Estarás dijo "es el corazón de Europa".

Las eurodiputadas se mostraron, no obstante, positivas ante las negociaciones en marcha en el seno de la Unión y confiaron en que finalmente Europa continúe por la senda que ha traído prosperidad social.

Esta posición fue compartida por el embajador en Misión Especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Celada, que alertó de que las nuevas prioridades geopolíticas europeas pueden poner en riesgo las políticas de cohesión que España ha liderado a nivel europeo.

LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Por su parte, el director de la Representación en España de la Comisión Europea, Daniel Calleja, defendió que la propuesta del Ejecutivo comunitario no rompe con los objetivos sociales que han marcado hasta el momento la política europea.

"El fondo social no desaparece", defendió, pero añadió que "desde el punto de vista presupuestario hay una racionalización". La propuesta de la Comisión Europea es "una propuesta innovadora", dijo. Explicó que, en lugar de acotar las áreas de inversión, como hasta ahora, se propone un reparto de la financiación a través de planes nacionales, que deberán elaborarse con las regiones y los interlocutores sociales del tercer sector.

Además, Calleja aseguró que la propuesta de la Comisión incluye "un incremento muy significativo" del presupuesto: "Incrementar del 1 al 1,26% nuestro presupuesto, dos billones de euros respecto a los recursos de 2021-2027".

El director de la Representación en España de la Comisión Europea recordó que la propuesta de la Comisión está ahora sobre la mesa de negociación, pero que la palabra final corresponde a los Estados miembros y al Parlamento Europeo, que deberían adoptar una decisión antes de que finalice el presente año.

(SERVIMEDIA)
01 Nov 2026
MAG/nbc