La primera ronda de encuentros comenzará este mismo mes de julio y contemplará reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, organizaciones del Tercer Sector, sindicatos, colegios profesionales, empresas y otros agentes sociales, con el propósito de contribuir al proceso de tramitación del anteproyecto “desde el diálogo, el consenso y la participación activa de quienes conocen de primera mano la realidad de las personas en situación de vulnerabilidad”, según precisó este lunes en un comunicado.

La plataforma considera que el debate abierto en torno al anteproyecto representa una “oportunidad” para “seguir mejorando el Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid”.

“No obstante, el texto requiere incorporar mayores garantías para que la libre elección pueda ejercerse de forma real y efectiva, en condiciones de igualdad, equidad y accesibilidad, preservando al mismo tiempo el carácter público del sistema y el papel diferencial que desempeñan las entidades sociales sin ánimo de lucro”, reivindicó.

Entre las principales propuestas recogidas en el documento de posicionamiento aprobado por la Plataforma destacan el “refuerzo” de la participación del Tercer Sector durante la tramitación y el desarrollo de la norma; la garantía de una financiación pública “suficiente y estable”; la protección del modelo de concierto social; la defensa de la equidad territorial en el acceso a los servicios; el reconocimiento del “valor añadido” de las entidades sociales sin ánimo de lucro y la necesidad de evitar que la incorporación de criterios de rentabilidad económica pueda condicionar la garantía de los derechos sociales.

MANERA CONSTRUCTIVA

“Queremos contribuir de manera constructiva al proceso de tramitación de esta norma. Compartimos el objetivo de avanzar hacia unos servicios sociales de mayor calidad y de fortalecer la capacidad de elección de las personas, pero esa libre elección solo será real si todas las personas pueden ejercerla en igualdad de condiciones, con independencia de su situación personal, social o del territorio en el que vivan”, señaló el presidente de la plataforma, Mariano Casado.

A su juicio, las entidades del Tercer Sector quieren “aportar” su “experiencia y conocimiento para construir una ley que refuerce los derechos sociales, preserve el carácter público del sistema y reconozca el papel esencial que desempeñan las organizaciones sociales”.

El documento de posicionamiento, elaborado a partir del consenso de las entidades que integran la plataforma, defiende además la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación e interlocución del Tercer Sector, garantizar una memoria económica suficiente para el desarrollo de la norma y consolidar un modelo de servicios sociales basado en la universalidad, la equidad, la calidad y la protección efectiva de los derechos de las personas.