Así lo reivindicó su presidente, Luciano Poyato, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad para trasladar sus propuestas al Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, tal y como precisó la plataforma en un comunicado.

En este contexto, valoró “positivamente” el Proyecto de Ley, al considerar que incorpora “avances relevantes” que “responden a demandas históricas del Tercer Sector”, si bien trasladó propuestas “concretas” para “reforzar” el principio de universalidad y garantizar el acceso efectivo a la salud para todas las personas, “sin distinciones ni obstáculos administrativos”.

Desde la Plataforma del Tercer Sector se demandó que el derecho a la atención sanitaria se reconozca a todas las personas que residan de forma efectiva en España y, para acreditar esa residencia, propone utilizar el empadronamiento como vía principal, pero también aceptar otros medios alternativos como declaraciones juradas, informes de servicios sociales o acreditaciones emitidas por entidades del Tercer Sector.

“Esta flexibilidad permitiría garantizar el acceso al sistema sanitario sin discriminaciones y con mayor seguridad jurídica”, abundó la plataforma, al tiempo que también juzgó “imprescindible” abordar la simplificación administrativa, construyendo un marco jurídico “claro, sencillo y homogéneo” que “evite interpretaciones dispares” entre comunidades autónomas y garantice el acceso “sin demoras ni obstáculos burocráticos”.

UNIVERSALIDAD, EQUIDAD Y COHESIÓN

En este contexto, Poyato señaló que la “universalidad, equidad y cohesión” del Sistema Nacional de Salud “son los principios en los que se sustenta nuestro sistema sanitario público”.

“Este Proyecto de Ley avanza en esa dirección, pero aún hay camino por recorrer para que nadie quede fuera del sistema por su situación administrativa, origen o condición social”, prosiguió.

Además de la propuesta de reconocimiento del derecho basada en la residencia efectiva y la simplificación administrativa, la Plataforma del Tercer Sector presentó otras medidas concretas para “reforzar la universalidad en el acceso a la salud”.

Entre ellas, destacó garantizar el acceso a la atención sanitaria “urgente en todos los casos, sin ningún tipo de condicionamiento” y asegurar la presencia de organizaciones de la discapacidad y entidades del Tercer Sector en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud, con el fin de “incorporar la perspectiva social en la toma de decisiones”.

DISCAPACIDAD

Asimismo, plantea rebajar el grado de discapacidad exigido para acceder a determinadas prestaciones, pasando del 65% al 33%, lo que, a su juicio, permitiría ampliar la cobertura a personas que enfrentan “barreras significativas en el acceso a la salud”.

En paralelo, también se ha propuesto “reforzar” la atención sociosanitaria incorporando una perspectiva preventiva y comunitaria, que permita abordar de forma “integral” las necesidades de personas con enfermedades crónicas, discapacidad, dependencia o personas drogodependientes, mediante una “mejor coordinación” entre los servicios sanitarios, sociales y educativos.

“Las propuestas que hemos trasladado no son solo reivindicaciones técnicas; son el reflejo de la experiencia cotidiana de miles de entidades que acompañan a personas en situación de vulnerabilidad”, sentenció Poyato, al tiempo que subrayó que la plataforma “reivindica el diálogo” y se pone “a disposición para contribuir a que esta norma sea una herramienta eficaz" para garantizar el derecho a la salud de todas las personas.

La Plataforma del Tercer Sector confía en que las propuestas expuestas sean tenidas en cuenta para mejorar el alcance del Proyecto de Ley y avanzar hacia un sistema sanitario “más justo, inclusivo y coherente” con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.