Así lo reivindicó en un comunicado en el que su presidente, Luciano Poyato, señaló que, “en un momento de tanta incertidumbre económica, quienes más pueden sufrir las consecuencias son las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente ante el encarecimiento de los bienes esenciales y la energía y el impacto directo que estos cambios tienen en la vida cotidiana”.

Por ello, juzgó “fundamental que el plan de respuesta refuerce la prevención, la cohesión social y la defensa efectiva de los derechos de quienes más pueden sufrir las consecuencias de este contexto”.

Según la plataforma, la situación internacional actual, marcada por una escalada bélica en Oriente Medio y por una “creciente inestabilidad” geopolítica, “exige reforzar la capacidad de anticipación del país y blindar la cohesión social frente a posibles impactos económicos”.

Por eso, reclama que las medidas económicas que pueda adoptar el Ejecutivo se diseñen con criterios de justicia social, reforzando los apoyos dirigidos a hogares con menos recursos, personas en situación de pobreza energética y familias con mayores dificultades de acceso a bienes esenciales.

Por último, recordó que, en crisis anteriores, ha “demostrado ser un actor imprescindible y un interlocutor fiable, capaz de aportar diagnósticos tempranos y propuestas eficaces para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad”.

En este sentido, se puso “a disposición” del Gobierno para colaborar con el fin de contribuir a que la respuesta pública “sea eficaz, justa y centrada en las personas que más pueden verse afectadas”.