La instrucción a la que se refiere el candidato popular emitida por el concejal de Recursos Humanos y teniente de alcalde, y ratificada en Junta de Gobierno el pasado 17 de enero, “iba mucho más allá de la interpretación del Reglamento Orgánico Municipal vigente, ya que informaba a todos los funcionarios de la prohibición al acceso a las dependencias y espacios municipales públicos al candidato la Alcaldía por el Partido Popular y a los concejales del grupo municipal Popular”.

En esa “inédita” instrucción, el edil responsable de los Recursos Humanos advertía a los funcionarios de la apertura de expedientes disciplinarios: “Los empleados y empleadas municipales no deben facilitar el acceso a los centros, dependencias o servicios en los que se desarrollan sus funciones, ni permitir o consentir que terceros lleven a cabo actividades”.

Por ello, los populares, liderados por el candidato, Antonio González Terol, exigieron la revocación de esa instrucción por resultar una “clara vulneración y restricción de los derechos de participación en los asuntos públicos” según establece el artículo 23 de la Constitución Española, así como “el de la libertad ideológica y libertad de expresión contenidos en los artículos 16 y 20 CE, derechos fundamentales”.

En su solicitud, manifestaron que los actos de aplicación de dicha instrucción por los funcionarios del Ayuntamiento podrían colocar a los mismos en una posición en la que tuvieran que vulnerar derechos fundamentales, lo que derivaría en su impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa y advirtieron de las responsabilidades penales por quebrantar el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes.

Por otro lado, los populares solicitaron la copia de todos los informes que se hubieran emitido con carácter previo a la publicación de dicha instrucción, con el fin de tomar acciones legales.