Así lo indicaron desde el Ministerio de Vivienda respecto al plan que prevé repartir un 40% del plan a la construcción y un 30% a la rehabilitación y a otras ayudas. En total, el Gobierno aportará un 60% de la cantidad total y las autonomías el 40% restante.

Las comunidades autónomas que más fondos recibirán son Andalucía (1.197 millones de euros), Comunidad de Madrid (1.113 millones) y Cataluña (1.105 millones).

Antes de la reunión, la ministra ya celebraba que el acuerdo iba a ser “unánime”, pues algunos de los consejeros críticos como Madrid ya habían adelantado que iban a votar a favor.

Rodríguez enfatizó que la reunión iba a servir para “confirmar” este reparto, y que las comunidades autónomas pudieran comenzar a implementarlo ya en el “segundo semestre” de este 2026.

La responsable de Vivienda reivindicó el “consenso” alcanzado en que la vivienda requiere “más inversión pública” y que España necesita ampliar el parque público de vivienda, no solo a través de la construcción, sino a través de la compra.

“Este esfuerzo que vamos a hacer, de miles de millones de euros, no puede desaparecer en siete, diez o treinta años, sino que tiene que formar parte del patrimonio”, dijo reivindicando la “protección permanente” para que “nunca más se pueda vender al mejor postor”.

También reivindicó la apuesta por la vivienda en el medio rural, pues el Plan Estatal comprende ayudas para jóvenes en la compra y construcción de viviendas de pequeños municipios.

CRÍTICAS DESDE LAS CCAA DEL PP

A su llegada, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, confirmó que votarían a favor “por responsabilidad”, pero mostró su disconformidad y afirmó que estudian acudir al Tribunal Supremo para defender sus competencias en materia de vivienda.

En su opinión, este Plan es un “nuevo acto de propaganda del sanchismo” y criticó que la Comunidad de Madrid presentó “alegaciones fundamentales” pero el Gobierno “no ha atendido ni una sola”. “El Ejecutivo pretende utilizar la financiación estatal para imponer su ideología, incentivando las zonas tensionadas y condicionando las políticas autonómicas de vivienda”, señaló.

Galicia o Cantabria han sido otras de las autonomías que han mostrado sus críticas estas semanas, incluso desde el día de hoy, pero también votaron a favor.