La norma implica modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y, según Torres, “es una medida para todas las comunidades, sin excepción, sin diferencias, sin privilegios”.

Torres hizo estas afirmaciones desde la tribuna del Congreso de los Diputados, donde acudió a defender este decreto que calificó de “respuesta histórica a una demanda también histórica”. En su intervención, recordó que tanto PSOE como PP pactaron con Coalición Canaria impulsar “cambios legislativos” para lograr la implicación de todas las comunidades autónomas en la respuesta a la llegada de menores migrantes no acompañados a los territorios frontera, de cara a recabar el apoyo de esta formación a las investiduras de Alberto Núñez Feijoo, primero, y de Pedro Sánchez después, a finales de 2023.

“Estos acuerdos fueron firmados por Cuca Gamarra" por parte del PP "y por María Jesús Montero en el del PSOE”, apuntó Torres. “Si el presidente del Gobierno hubiese sido Alberto Núñez Feijóo hubiese tenido que cumplir lo que firmó”, reflexionó el ministro.

“El presidente del Gobierno es Pedro Sánchez”, prosiguió, “y lo que ha hecho es cumplir con su compromiso" con el acuerdo de investidura que suscribió. Por eso, apeló “al voto favorable del Partido Popular para la iniciativa que hoy debatimos porque no hemos hecho otra cosa que hacer lo que ustedes hubiesen tenido que hacer de haber estado gobernando”. “Ni más ni menos”.

Torres, que recalcó que en esta ocasión sí cuentan con el apoyo de Junts, pidió “altura de miras” a todos los grupos parlamentarios, y subrayó que esta norma “ofrece una respuesta definitiva y estructural a la crisis actual y a las que puedan venir”.

INCREMENTO DE LLEGADAS

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acudieron al Congreso para presenciar la convalidación de la norma. Asistieron también otras autoridades canarias y representantes de organizaciones como Acnur y Unicef.

Torres subrayó que España y Canarias son hoy en día “un territorio de recepción" de migración. En los últimos tres años, “el número de niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro país se ha incrementado un 221,4%”, afirmó.

Los perfiles de la migración “también han ido cambiando”, y señaló que “ahora vienen más mujeres y más menores que hace 20 o 30 años”. “Esta situación, señorías, exigía de una respuesta de Estado y de las formaciones políticas”.

LARGO TRÁMITE

Tras enumerar “todas las reuniones mantenidas ” durante el último año y medio”, recordar “las diferentes propuestas” por parte del Ejecutivo de Canarias y referirse a la proposición de ley que el Congreso rechazó en julio, Torres precisó que este decreto-ley es “una propuesta distinta”. “Su base es lo trabajado durante este tiempo”, admitió, pero la actual norma “es más completa”.

“A diferencia de la proposición de ley del año pasado, que solo era para Ceuta, Canarias y Melilla, la que hoy convalidamos se extiende a todas las comunidades y ciudades autónomas, a todas las que alcancen en algún momento una situación de contingencia migratoria”, recalcó.

Explicó que el decreto-ley cuenta con “el compromiso de los grupos políticos que apoyaron la admisión a trámite de la proposición de julio”, al que, “en este caso, se suma Junts per Catalunya". “Hoy han pasado 261 días desde que la proposición de ley no fue admitida a trámite”. “¿Cuánto camino no habríamos podido avanzar desde entonces?”, lamentó.

SIN DIFERENCIAS ENTRE REGIONES

El ministro quiso dejar claro que el decreto-ley cuya convalidación se vota hoy se aplicará a cualquier comunidad autónoma que entre en contingencia migratoria, que significa que la ocupación de un sistema de protección alcanza el triple de “la capacidad ordinaria de cualquier territorio para acoger a menores migrantes no acompañados”.

“Cuando esa cifra se alcanza, ese territorio entraría en contingencia migratoria” y “en cinco días” podría comunicarlo al Estado para “activar el instrumento de traslados, dijo Torres. Se trata, pues, de “una medida para todas las comunidades autónomas sin excepción, sin diferencias, sin privilegios y sin señalamientos”, declaró, ya que la capacidad ordinaria de un territorio “se establece en función de criterios objetivos”.

Para empezar, explicó, “con los datos facilitados por las comunidades autónomas respecto al número de menores migrantes que atienden se calcula el total de menores migrantes en España”. A continuación “dividimos la población del país entre el total de menores”. El último paso es dividir la población entre este cociente, y de ahí se extrae la capacidad ordinaria de cada región.

”No son las plazas disponibles, sino el número ideal de plazas” que cada comunidad “debería tener para responder de forma solidaria a la situación en los territorios frontera”. Las comunidades y ciudades autónomas han tenido un plazo para certificar esta situación, y “son criterios absolutamente objetivos”, concluyó.