Planteó la cuestión en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados el diputado vasco Mikel Legarda. Éste mencionó la situación y las reivindicaciones históricas de los treviñeses para pasar bajo la administración alavesa y terminó preguntando si, en caso de que se lo solicitaran, Torres autorizaría una consulta para conocer sus deseos.

Torres constató la “situación singular” de este condado incluido geográficamente en Álava pero perteneciente a la provincia de Burgos, pero contestó que no se puede incluir en las circunstancias que habilitan esta posibilidad en la Ley de Bases del Régimen Local, porque hay una serie de pasos “preceptivos” previos que el Tribunal Supremo exige. Entre ellos, el informe favorable de Burgos y Castilla y León, porque “para que un municipio llegue a una comunidad es preciso que salga de otra”.

Legarda tachó de “grumosa” la respuesta del ministro, y se quejó de que Treviño “es ante todo un problema para sus habitantes” y son, sin embargo, los únicos que “no pueden decir nada” sobre su futuro. Y terminó preguntando a Torres si “no sería mejor preguntar directamente los treviñeses qué quieren hacer con su vida?”

El ministro admitió que al diputado del PNV “no le falta razón lógica”, pero insistió, para la visible decepción de su interlocutor, en que “el ordenamiento jurídico establece” la necesidad de esos informes favorables de Castilla y León y Burgos y se limitó a prometer la colaboración del Gobierno para la “cooperación multilateral” y “evitar que pueda haber duplicidades”. Y concluyó que la anexión de Treviño por Álava “es jurídicamente posible, pero se tienen que cumplir los pasos”.