La mesa forma parte de uno de los compromisos del Gobierno de coalición, después de que UGT primero y CCOO después presentaran una demanda colectiva contra el reino de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el “bajo” coste del despido.

Este tribunal avaló buena parte de los postulados sindicales y apostó por reformar la norma para hacer que las indemnizaciones sean más disuasorias para la empresa y más resarcitorias para los empleados. Pero el Tribunal Supremo, en cambio, dio por válida la normativa española, postura con la que los sindicatos mostraron su malestar, pues no reconoce que los tratados internacionales son de obligado cumplimiento, según la propia Constitución.

El vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, manifestó tras la reunión que adoptar una normativa acorde con los mandatos internacionales es positivo para los trabajadores pero también para las empresas, porque ahora se corre el riesgo de que no exista “seguridad jurídica” suficiente por la desigual interpretación que puede haber sobre los despidos en España.

“Si no, vamos a tener bastante inseguridad jurídica, porque los tribunales, cada uno interpretará la Carta Social Europea, la Constitución y la propia legislación con arreglo a su saber y entender”, apuntó Luján, quien llamó a la CEOE a la “responsabilidad” para tratar de buscar un acuerdo.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, manifestó su desacuerdo con la postura del Supremo y, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, comentó que se reserva la posibilidad de acudir incluso a instancias defensoras de los derechos humanos.

"No parece de orden que se tengan que establecer islas de aplicación o procesos de insumisión de la norma europea cuando son compromisos que obligan a todos los Estados miembros en este sentido. De hecho, ya tenemos algunos tribunales en nuestro país que han decidido no aplicar la doctrina del Tribunal Supremo y han empezado a aplicar sentencias amparándose en el cumplimiento de la Constitución y en el marco legislativo que sí interpretan que está obligada esa jerarquía de ordenamiento jurídico que les obliga en este caso a lo que provenga de la Unión Europea en aquello que se ha pactado”, argumentó Pacheco.

Ambos líderes sindicales plantearon aspectos de mejora de la legislación no solo en materia de inmunización, sino también en protección para los empleados que denuncian vulneración de la ley ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y en los casos en que se imponen advertencias sobre posibles casos de corrupción. Asimismo, pidieron acabar con situaciones discriminatorias, como situaciones de discapacidad sobrevenida.