Así lo trasladaron fuentes de Trabajo tras la elaboración de un dictamen del Consejo de Estado muy crítico con la norma impulsada por el departamento dirigido por Yolanda Díaz. Ello, después de que el pasado septiembre el Congreso tumbara, con los votos del PP, Junts y Vox, la ley de reducción de la jornada laboral, que contaba con el plácet de los sindicatos y el rechazo frontal de CEOE y Cepyme.

Esta norma incluía tres patas: la rebaja del tiempo de trabajo máximo a 37,5 horas semanales, la regulación del derecho a la desconexión digital y el refuerzo del control de jornada. Tras el revés parlamentario sufrido por la norma, Yolanda Díaz apostó por aprobar el endurecimiento del control horario, ya que estimó que era la única parte de la norma que podía aprobar sin votación en el Congreso. El Ministerio de Economía, por su parte, mostró también en varias ocasiones reticencias a la norma y elaboró dos informes con discrepancias.

Así las cosas, en Trabajo dejaron claro este martes su intención de continuar adelante con el texto, aunque asumieron que tendrán que efectuar pequeños cambios en la redacción de la norma, dado que dan por segura la batalla legal por parte de la patronal y, en consecuencia, quieren minimizar las posibilidades de que los tribunales puedan tumbarlo. Entre estas modificaciones, explicaron que se hará más énfasis en la importancia de dar espacio a la negociación colectiva, hacer hincapié en que no se vulnere la intimidad de los trabajadores con el registro horario y se hará alusión a que un miembro del Consejo de Estado planteó un voto particular avalando el espíritu de la norma.

Del mismo modo, argumentaron que el Gobierno tiene toda la potestad legal para poder aprobar este real decreto, ya que no realiza modificaciones en las sanciones por incumplir el registro de jornada, lo que sí sucedía en la ley de reducción del tiempo de trabajo que tumbó el Congreso. También afirmaron que la obligación de recoger las jornadas de trabajo ya existe en España desde antes de la pandemia, cuando era ministra de Trabajo Magdalena Valerio.

El problema con esa legislación es que existe un registro de jornada que permite formatos que no garantizan la efectividad de la norma pero que habilita al Gobierno a efectuar desarrollos reglamentarios, que es lo que se busca ahora, que sea digital, no manipulable y accesible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).

El Ministerio también cargó contra el argumento del Consejo de Estado relativo a que se puede poner en peligro la protección de datos de los trabajadores, ya que sería tanto como decir que ya están en riesgo, puesto que son muchas las empresas que ya cuentan con control digital de jornada. En su opinión, si esto fuera cierto, no habría una dificultad con el Ministerio de Trabajo, sino con muchísimas empresas e incluso con las administraciones públicas, porque sus empleados también fichan. Igualmente, comentaron que hay empresas privadas, como bancos y energéticas, que ya tienen acceso a los datos de los ciudadanos.

Otro de los argumentos que reprobaron en Trabajo fue que hay zonas en las que no se puede registrar la jornada por falta de cobertura. En opinión del Ministerio, el real decreto ya contempla situaciones de excepcionalidad para que se pueda registrar en ese caso la jornada en cuanto sea posible.

Por otra parte, explicaron en Trabajo que el dictamen del Consejo de Estado solo es consultivo y recordaron que el Gobierno ya ha aprobado más decretos que contenían discrepancias por parte de este organismo, presidido en la actualidad por la exvicepresidenta primera del Gobierno con Pedro Sánchez, Carmen Calvo.

Con todo, dieron por hecho que se producirá un pequeño retraso en la tramitación del texto por los matices que se van a incorporar, si bien enfatizaron que irá al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Asimismo, descartaron que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae), donde se sientan los ministerios con competencias económicas, pueda vetar o dificultar la tramitación del real decreto. Según subrayaron en Trabajo, que vuelva a pasar o no por la Cdgae, no se va a modificar el documento.

Además, estas fuentes ministeriales no disimularon su enfado con el Ministerio de Economía que lidera Carlos Cuerpo, ya que alertaron de que su postura tan contraria al texto es una vulneración flagrante del acuerdo de Gobierno, lo que en seis años de Gobierno nunca ha hecho Yolanda Díaz por muchas discrepancias que pueda tener en ocasiones con leyes que se aprueban en el seno del Ejecutivo.

No en vano, el malestar de Trabajo y la parte de Sumar no solo se expresó entre bambalinas, sino que ya en la mañana de este martes la propia Yolanda Díaz declaró en sus redes sociales, en un mensaje recogido por Servimedia, que, “a pesar de los intentos del Ministerio de Economía, vamos a seguir adelante con el nuevo registro horario”. Tras ello, denunció que hay 2,5 millones de horas extra que cada semana no se pagan en España.

“Somos un Gobierno de izquierdas y protegemos a la gente trabajadora”, concluyó la líder de Sumar en el Ejecutivo de coalición, apenas unas horas después de que CCOO y UGT emplazaran también al Gobierno a “continuar adelante” con el refuerzo del control horario y mostraran su “profunda preocupación” por la postura del Consejo de Estado.