Así lo trasladaron fuentes de Trabajo, después de que este lunes reuniera a sindicatos y patronal y planteara, sin detalles por el momento, un incentivo fiscal para compensar a las empresas más afectadas por la revalorización del SMI si la CEOE apoya el incremento de este 2026.

La patronal estudiará la propuesta cuando conozca el detalle de la misma, aunque dejó claro que no se trata de su tradicional petición de que este coste se pueda repercutir en los contratos con administraciones públicas. Los sindicatos, por su parte, no rechazaron la medida pero la acogieron con cierta frialdad y a la espera de detalles.

Desde Trabajo explicaron que su preferencia era la reforma de la Ley de desindexación para repercutir las subidas DEL SMI de una forma directa en los contratos públicos, pero aclararon que Hacienda ha sentenciado que no solo se vería afectada la Administración General del Estado (AGE), sino también las territoriales, como las comunidades y los ayuntamiento, por cuanto ellas también realizan contrataciones con empresas.

Es por ello que Hacienda planteó usar la vía fiscal, ya que solo afecta a la administración central. Con todo, en Trabajo destacaron que nunca han visto del todo con buenos ojos las medidas basadas en desgravaciones fiscales.

A juicio del departamento dirigido por Yolanda Díaz, es un modo de que las empresas que se ven más expuestas a las subidas del SMI puedan repercutir al sector público el repunte de este indicador, solo que en lugar de hacerlo en un contrato por prestar un servicio, se realiza a través de la fiscalidad.

INCENTIVO PERVERSO

Trabajo también defendió su tesis del doble condicionante para acogerse a estos incentivos, que está basado en que no se pueden producir despidos de trabajadores y, al mismo tiempo, tiene que comprometerse a tirar de la masa salarial hacia arriba,. Lo contrario, según argumentaron, supondría un incentivo perverso que incluso premiaría a las compañías que mantuvieran a los trabajadores en el nivel del SMI.

Y es que estas fuentes expusieron que no solo desean elevar el SMI, sino el conjunto de los sueldos, porque mejora la vida de los empleados pero también contribuye a un reforzamiento de los servicios públicos que se prestan a través de contratas.

No obstante, pese a que asumieron que el fin esencial parte de la contratación pública, al ser una medida más abierta que reformar la ley de desindexación, se podría permitir que se puedan beneficiar otras empresas de sectores que así se estipulen en el detalle de la norma sin vinculación con administraciones. Aunque aclaró que se tiene que cerrar todavía la letra pequeña con Hacienda, puso ejemplos como que se diseñaría para compañías con alto coste de trabajadores en el SMI y en ámbitos muy vinculados a este indicador como la limpieza, la seguridad o la agricultura.

Asimismo, el Ministerio incidió en que, si bien la idea es aprovechar el alza del SMI para intentar resolver problemas con concesionarias de algunos servicios, la medida de fondo es contribuir a la subida de los salarios y que cada vez menos gente cobre el SMI.

Por otra parte, destacaron en el Ministerio que todavía no se puede asegurar que el incentivo fiscal se incorporaría mediante el impuesto de sociedades. Lo que sí aclararon es que la medida tendría que ver la luz en un texto legal con rango de ley, por lo que tendría que pasar por el Parlamento y de forma separada del real decreto del incremento del SMI, que no requiere de tramitación en el Congreso.

En cualquier caso, señalaron que no tiene ninguna complicación, puesto que ya se tiene que aprobar una reforma legal en el IRPF para aumentar el salario exento de este impuesto, de modo que se pueda mantener la exención vigente tras la subida del 3,1%.

Esto ya sucedió el año pasado y ocurrirá nuevamente en 2026, dado que el comité de expertos planteó que si el SMI empezaba a cotizar tendría que revalorizarse un 4,7% para seguir vinculado al 60% del sueldo medio en España, como el Gobierno indica que mandata la Carta Social Europea.

Como Trabajo y Hacienda pactaron mantener la exención, la revalorización será del 3,1%, pasando de 1.184 a 1.221 euros por 14 pagas. La cifra es apoyada por CCOO y UGT pero no por CEOE y Cepyme, que piden un alza de solo el 1,5%.

Eso sí, cuando Trabajo dijo que pedirían a Hacienda atender la reivindicación patronal de que los repuntes del SMI se pudieran repercutir en los contratos públicos para no “asfixiar” a las empresas, el rechazo de la patronal se suavizó y quedó a la expectativa de una medida que Hacienda finalmente no ha autorizado y que se pretende sustituir por este incentivo fiscal que se concretará en los próximos días. De hecho, la siguiente reunión del diálogo social será este jueves por la tarde.