Durante su participación en el diálogo '25 años impulsando la economía social', organizado la semana pasada por Servimedia para celebrar el 25 aniversario de Aecemco, Merino insistió en que se trata de un texto que lleva “muchísimo tiempo” trabajándose y al que se han presentado distintas enmiendas que harán “una ley bastante sólida”.

“Cualquier grupo parlamentario que apoye la Economía Social tiene sí o sí que apoyar esta ley. No tenemos ninguna duda. Esto va al margen del ruido político y al margen de las ideologías. Esta es una ley de la Economía Social y, por tanto, entendemos que todos los grupos parlamentarios tienen que dar su respaldo a esta ley”, defendió.

La secretaria de Estado detalló que futura norma modifica la Ley Estatal de Cooperativas, la Ley de Empresas de Inserción y la Ley de Economía Social, y contará con elementos consensuados con organizaciones de la Economía Social, como medidas para “evitar el intrusismo”, que cada vez más presente tanto en empresas de inserción como en cooperativas.

Otra de las novedades que incluirá la futura Ley de Economía Social es el aumento del porcentaje de reserva de contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social, que pasará del 10% al 15%, en cumplimiento con distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Supremo.

Merino aseguró que no se contentarán con que exista un porcentaje de reserva, sino que se articularán “mecanismos de verificación y control” para que se cumple, consciente de que en la actualidad no está ocurriendo.

Por el momento, Trabajo se está centrando en contactar “con los distintos Ministerios para pedirles que contribuyan a garantizar la cuota de reserva”.

No obstante, el presidente de Aecemco, Ignacio Rodríguez, apuntó que “subir la cuota siempre está bien”, pero debe traducirse en “creación real de empleo”, repartido de la “manera más homogénea posible” por todo el país, lo que implica la colaboración de todas las administraciones.

En este sentido, el secretario de Aecemco, Pedro Sáez, agregó que esta cuota de reserva también exige una mejor “planificación dentro de la contratación pública”, ya que su “entramado administrativo muy complejo” se convierte en muchas ocasiones en el origen de los problemas.

“Como motor económico y herramienta de inclusión, (la Administración) tiene que cumplir también a través de la reserva este apartado social”, dijo Sáez en el diálogo organizado por Servimedia.

Por su parte, el Comisionado Especial para la Economía Social del Ministerio de Trabajo, Jaime Iglesias, admitió que en el Gobierno son “plenamente conscientes” de las preocupaciones que trasladan las organizaciones y, como hizo Merino, garantizó que habrá “instrumentos para dar respuesta”.

Por ejemplo, se prevé informar periódicamente al Consejo de Ministros sobre el cumplimiento de la cuota de reserva y la evolución en las distintas unidades de la administración de la cuestión.

MEDIDAS CON REPERCUSIÓN

El presidente de Aecemco también pidió a Merino que, además de poner el foco en la cuota de reserva, se fijen en los trabajadores que hay que subrogar dentro de la Administración.

“Tal vez tenemos que ir pensando alguna posibilidad, que durante un tiempo esos trabajadores no formen parte del tanto por cien, del 70 mínimo para ser Centro especial de empleo”, propuso Rodríguez.

Además, se mostró partidario de “pensar con tranquilidad” y adoptar “medidas que puedan tener alguna repercusión”, ya que, en muchas ocasiones, notan que ciertas administraciones tienen miedo para actuar cuando está “el factor discapacidad detrás”.

Rodríguez puso como ejemplo el caso de la Inspección de Trabajo, que, a su juicio, solo actúa en Centros Especiales de Empleo, en los que sabe que todo está “más o menos bien”, pero no en aquellos en los que las relaciones laborales y el trato al personal no es el adecuado.

El presidente de Aecemco también lamentó que se permitan muchas “mentiras” a la hora de hablar de discapacidad, como decir “que se van a perder 60.000 puestos de trabajo si se hace una modificación”, sin que nadie lo desmienta.

Merino tomó nota de las peticiones y aseguró que el Ministerio conoce bien las reivindicaciones de las organizaciones de la Economía Social.

“A veces, el camino puede parecer más lento otra vez. Otras veces la propia coyuntura nos permite ir avanzando a mayor velocidad. Pero yo creo que sí que podemos hablar del empeño de la Secretaría de Estado de avanzar en todas las familias de la Economía Social”, relató.

Además, avanzó que la Ley de Economía Social definirá qué es la Economía Social y cuáles son las entidades que forman parte de ella, lo que también permitirá mejorar la “interlocución permanente con todas las familias que son realmente Economía Social”.