En concreto, Tragsa le pagó 9.500,54 euros, mientras que Ineco le abonó 34.477,86, por lo que en total recibió 43, 978,40 euros. Así consta en una providencia a la que tuvo acceso Servimedia, en la que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno incorpora a la causa los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En su declaración como testigo del ‘caso Koldo’ que se instruye en el Tribunal Supremo, Jéssica Rodríguez admitió que fue contratada por esas empresas dependientes del Ministerio de Transportes, pero que nunca fue a trabajar.

En esa investigación también se tomó declaración como testigo a su superiora jerárquica, Virginia Barbancho, quien explicó al juez que recibió instrucciones de “hacer la vista gorda” para contratar a Rodríguez, de quien le dijeron que era sobrina del ministro.

Por su parte, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, imputada por esa contratación, dijo al juez Moreno que no tuvo nada que ver con la contratación y afirmo que se limitó a enviar su currículum y dijo que en ningún momento supo que no acudía a trabajar.