Los documentos de control administrativo son obligatorios en los transportes interiores con origen y destino dentro del territorio del Estado español. Están incluidos en esta obligación las operaciones de cabotaje, pero no lo están los transportes internacionales.

La disposición transitoria octava de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible recoge que deberán ser necesariamente digitales, a los diez meses desde la entrada en vigor de la ley, es decir, el 5 de octubre, tanto el documento de control administrativo exigible para la realización de transporte público de mercancías por carretera como la hoja de ruta en relación con el transporte público de viajeros por carretera. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el sector, reducir cargas administrativas y aprovechar el potencial de la digitalización en la gestión del transporte.