En la sentencia, fechada el día 14 de mayo y notificada este lunes a las partes personadas en este procedimiento, el tribunal condena al ex director general de Trabajo como autor de un delito de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante ordinaria de dilaciones indebidas, y le impone tres años y un día de prisión y seis años y un día de inhabilitación absoluta.

Asimismo, condena al administrador único de la empresa como cooperador necesario de un delito de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito de malversación, con la misma atenuante de dilaciones indebidas y la atenuante muy cualificada de reparación del daño, y le impone veintidós meses de cárcel y tres años de inhabilitación absoluta.

En este sentido, acuerda que se haga entrega definitiva a la Junta de Andalucía de las cantidades entregadas previamente por este acusado y el pago realizado en el marco del proceso concursal de la empresa, que ascienden al total de la ayuda abonada.

Durante el juicio, el administrador único de la empresa reconoció los hechos, admitió su culpabilidad y se conformó con las penas y responsabilidad civil en los términos solicitados por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación ejercida por el PP de Andalucía.

En la vista oral, el Ministerio Público y el PP-A solicitaron para el exdirector general de Trabajo una pena única de cuatro años y seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta, mientras que la acusación ejercida por la Junta pidió para el exalto cargo un año y nueve meses de cárcel y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación, solicitando para el representante de la empresa un año y medio de prisión y dos años y seis meses de inhabilitación, ya que a su juicio no existen indicios suficientes para apreciar la comisión de un delito de falsedad documental.