Los investigados ya fueron citados en dos ocasiones anteriores, pero no llegaron a prestar declaración. Se investiga si cometieron un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid, un delito castigado por el artículo 511 del Código Penal.

La causa se había archivado de manera provisional, pero se reabrió el pasado 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial. Ahora están llamados a declarar los cargos autonómicos que firmaron los protocolos que impedían la derivación de mayores residente en residencias a hospitales durante lo más crudo de la pandemia.

Los imputados llamados a declarar son el que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño, Carlos Mur, y su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo. También Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas.

Los tres exaltos cargos están citados a declarar el martes 9 de diciembre como investigados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, a partir de las 10.00 horas, donde se analiza la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo.

Mientras que el miércoles 10 de diciembre deberán comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, también a partir de las 10.00 horas. En este caso, la querella fue presentada por la familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones. En los procedimientos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro.

Estos exaltos cargos ya fueron citados en dos ocasiones anteriores. En mayo pasado el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, les llamó pero no comparecieron tras alegar que no se les había dado traslado de las actuaciones. También el Juzgado Instrucción número 6 de Leganés les citó, pero suspendió la declaración tras inhibirse en favor del Juzgado Madrid, que investigaba el caso con anterioridad.