La Fiscalía se opuso a esta petición con el argumento de que la celebración de la vista “no se puede subordinar a un acontecimiento futuro" como es la aprobación de una ley de amnistía "cuya existencia no se puede afirmar”.

El tribunal se pronunciará por escrito sobre la petición, pero por el momento, acordó continuar con la celebración de prueba, en la que comparecen varios testigos y las partes formularán sus conclusiones.

En esta causa están acusadas 35 personas, entre ellas los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, a los que el Tribunal Supremo achaca un delito de malversación por el uso de dinero público durante el ‘procés’ y dejó al Tribunal de Cuentas estimación de las cantidades a reclamar.

La vista comenzó este viernes sin la presencia de Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención nacional dictada por el Tribunal Supremo (TS), y al que el TCu denegó la posibilidad de declarar por videoconferencia al haberlo solicitado sin tiempo para organizar la declaración. En su defensa, el abogado Gonzalo Boye aseguró que no pudieron cursar antes la petición en espera de saber si la ley de amnistía podía aplicársele ya para este juicio.

Durante la vista, declaró en primer lugar la interventora del Estado durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, María Luisa Lamela Díaz, que aseguró que no tenía control sobre las cuentas de la comunidad autónoma en 2017. En concreto, declaró que no se hacía “control” sobre los gastos sino que “mirábamos que los documentos estuvieran bien”.

En respuesta a las preguntas de la defensa de los acusados, la interventora dijo que en su departamento “no tenían competencia ni medios" para controlar los pagos a la Generalitat, y que ella se fiaba de que los certificados que venían de la Generalitat "cumplían los requisitos”.

Preguntada por Gonzalo Boye sobre si en algún momento detectó algún documento o factura firmada por Puigdemont autorizando gastos relacionados con el ‘procés’, Lamela respondí que no.

Por su parte, Antoni Millet Abbad, propuesto por la defensa por un gasto vinculado con Diplocat, dijo que era común que se invitara a parlamentarios a visitar Cataluña, uno de los hechos que se imputa a Albert Royo, exsecretario general del Diplocat.

3,1 MILLONES

En esta causa la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, que actúa como acusación, reclama por su parte cinco millones de euros a 11 excargos del Govern. Los encausados ya han aportado una fianza para evitar embargos si son condenados.

Entre las personas a las que se juzga este viernes están los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, que ya fue condenado por el propio TCu a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros, más un millón de intereses por la organización de la consulta del 9-N de 2014.

También se sientan en el banquillo exconsejeros, como Raül Romeva y JordiTurull (condenados por el Supremo); exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, y delegados que aún están en el cargo. También figuran nueve procesadas en un juzgado de Barcelona por el 1-O.