Según informó el Tribunal, entre las deficiencias detectadas y detalladas en el informe se encuentran que el Consejo de Administración no recibe información sobre la prestación del servicio postal y que los precios establecidos no se ajustan a los principios contemplados en la ley.

Este informe subraya que el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal no fue aprobado hasta 2021. Esta circunstancia incidió de forma directa en el retaso en la revisión de los costes por parte de la CNMC.

La ley elaborada en 2010 preveía la elaboración y presentación de la contabilidad y cuantificación de Correos, y encargaba a la CNMC su verificación para determinar el coste definitivo y la carga financiera injusta compensable a Correos.

Al no haberse logrado el objetivo, el informe concluye que “la financiación de la prestación del SPU no se está fundamentando con su coste contrastado, sino en la cuantía de las asignaciones presupuestarias establecidas al efecto en las sucesivas Leyes de PGE, que tienen el carácter de anticipo a cuenta de las liquidaciones finales de la carga financiera injusta que vaya aprobando la CNMC”.

El Tribunal pone a disposición de esta empresa diversas recomendaciones, entre las que se encuentra la modificación de sus sistemas de gestión. Además, insta a cumplir los requerimientos formulados por la CNMC.