Este tribunal está fiscalizando "con carácter especial" todas las contrataciones realizadas por la Diputación regional entre los años 1989 y 1991, según Sota.

La inspcción desvela un descontrol de los fondos públicos y un deseo de enmascarar la realidad por parte de los responsables de la Diputación regional, indicó el parlamentario socialista. "Es tan grave, que hace que el Tribunal no pueda entrar a conocer en el fondo algunos de los datos, como por ejemplo si la Diputación presta con eficacia y eficiencia servicios o no, o si el empleo de los recursos es adecuado".

Sota, miembro de la comisión mixta del Tribunal de Cuentas, afirmó que la documentación aportada or la Diputación regional pone de manifiesto un descontrol de los fondos públicos, un desbarajuste de las cuentas regionales, un intento de enmascarar la realidad y una auténtica desidia.

El informe del Tribunal de Cuentas presentado por Juan José Sota considera que el presupuesto de Cantabria de 1990 está desajustado. Critica asimismo el desvío en los gastos del 39 por ciento y el déficit de 15.842 millones de pesetas.

También ha detectado irregularidades en las operaciones de crédito incorporad, al carecer la mitad de ellos (10.516 millones de pesetas) de la financiación prevista, y en la concesión de avales, en los que no se pudo entrar al no haber sido remitida la información sobre el destino de los mismos.

El Tribunal de Cuentas tampoco pudo valorar la gestión de las 27 empresas públicas existentes en la región debido a que, según Sota, no se ha aportado la documentación precisa para acreditar cuáles son financiadas con dinero público y cuáles participadas por capital privado.

Asimimo, el informe considera como muy grave el hecho de que en Cantabria no exista un Plan General de Contabilidad Pública, tal y como se recoge en la Ley General Presupuestaria.