Resolución
El Tribunal de Cuentas investigará lo que cobró el hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz
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El Tribunal de Cuentas ha abierto la vía a investigar si el sueldo que en la Diputación de Badajoz cobró David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, estuvo justificado, ya que la sentencia dictada el pasado mes de julio consideró innecesaria la plaza que ocupó en la institución provincial como responsable de la denominada Oficina de Artes Escénicas.
Según un auto dictado este miércoles, al que ha tenido acceso Servimedia, el órgano fiscalizador pide que se nombre a un instructor encargado de investigar tanto la plaza de Sánchez como la de Luis Carrero, al que la UCO señaló como amigo del hermano del presidente en informes aportados a la instrucción que realizó la jueza Beatriz Biedma.
En esta resolución, se rechaza el archivo que reclamó la Diputación de Badajoz, que no veía un perjuicio concreto para sus arcas. Se argumenta que estos hechos se refieren a "presuntos pagos carentes de justificación, cuya sola posibilidad hace necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos". Se apunta que la Fiscalía había pedido también nombrar a un instructor para aclarar qué ocurrió con esos pagos al hermano de Sánchez y a Carrero.
La investigación arrancó este verano con las denuncias del partido Iustitia Europa, Vox y la asociación Hazte Oír, a las que se sumaron después la Fundación de Abogados Cristianos y el PP de la Diputación de Badajoz. Todos sostienen que el daño al dinero público se habría producido al tratarse de "plazas de empleo público innecesarias y vacías de contenido", como declara la sentencia penal.
De esta forma, el tribunal podrá examinar la repercusión económica de la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, que condenó a Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Los jueces estimaron innecesaria la plaza que ocupó como coordinador de actividades de los conservatorios de música, rebautizada después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
"PATENTE Y MANIFIESTA"
En el auto conocido este miércoles, se indica que en este momento del procedimiento no se decide si hay o no responsabilidad, "sino únicamente una primera valoración de los hechos". Recuerda que el criterio del Tribunal de Cuentas para archivar una denuncia en esta fase "es restrictivo", por lo que solo cabría el archivo si se dedujera, "de manera patente y manifiesta", que los hechos no tienen ninguna relevancia para el dinero público. La resolución advierte de que su decisión no supone "en absoluto prejuzgar" el resultado y puede recurrirse ante la propia consejera en un plazo de cinco días.
A este respecto, tras conocerse la decisión del Tribunal de Cuentas, el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, aseguró que "cada euro de dinero público debe estar justificado" y que "quienes hayan causado un perjuicio económico a las arcas públicas deben responder con su patrimonio". "Vamos a llegar hasta el final", afirmó, al tiempo que indicó que impulsará "todas las actuaciones procesales necesarias para recuperar hasta el último euro de dinero público indebidamente percibido".
Las acusaciones no coinciden en las cifras que cobró el hermano del presidente, ya que Vox habla de que recibió entre 2017 y mayo de 2024, mientras que Hazte Oír y Abogados Cristianos lo elevan a 340.572 euros hasta su renuncia en mayo de 2025. Esta última entidad suma los 86.988,76 euros cobrados por Carrero y sitúa el perjuicio inicial en 427.561,12 euros.
El PP, por su parte, hace una estimación "provisional, orientativa y no vinculante" de 416.798,82 euros para el hermano del presidente y de 113.200,76 euros para su amigo. Vox recuerda además que Carrero fue vocal asesor en Presidencia del Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2023, antes de pasar a la Diputación, y que no consta qué cobró ni qué funciones desempeñó allí.
(SERVIMEDIA)
18 Nov 2026
NBC/gja


