En 2018, el Ejecutivo comunitario llevó a cabo una investigación en el País Vasco en la que detectó carencias en los controles clave de esas ayudas, y propuso una corrección a tanto alzado del 10%.

Tras alegaciones del Gobierno español, Bruselas rebajó la revisión al 2%, y la situó en un total de 2,05 millones de euros.

El Gobierno español recurrió por entender que la corrección es improcedente, y ahora el Tribunal General ha fallado en contra.

Ha considerado que razonado que la Comisión basó bien su duda en la gestión de las ayudas y en los controles cruzados, y cree que España “no ha aportado pruebas detalladas y completas de la realidad de sus controles y de sus cifras”.

Contra esta sentencia del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en el plazo de dos meses y diez días, contado a partir de su notificación.