El tribunal considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para “gastos fijos” de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, y el pago del piso a una de ellas.

También entiende probada la existencia del contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos. Por tanto, el tribunal asume que la acusación es cierta en su totalidad.

Indica la sentencia que Ábalos fue nombrado ministro de Fomento en junio de 2018, cuando era secretario de Organización del PSOE desde un año antes. Durante los viajes para impulsar la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, entró en contacto con Santos Cerdán, que le puso en contacto con Koldo García, que pasó a ser su conductor, estableciéndose entre ellos una “relación estrecha” que acabó con la designación de García como asesor de su “absoluta confianza”.

Koldo García, en funciones más de asistente que de asesor, desempeñó para José Luis Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, hasta el punto de que incluso en otras Administraciones Públicas, se sobreentendía que Koldo García era el fiel transmisor de las decisiones del ministro y manejaba los ingresos de dinero en efectivo de Ábalos de tal manera que, en ocasiones, se confundían con su propio patrimonio.

Víctor de Aldama es un empresario español, que conoció, en el último trimestre de 2018, a Koldo García, entablando con él una frecuente relación que se extendió pronto a su superior, José Luis Ábalos. En los meses siguientes, el ministro, a través de su asesor, encomendó al empresario diversas gestiones de mayor o menor entidad.

El Supremo cree que los acusados vieron la “oportunidad” de obtener un común beneficio económico y convinieron que, aprovechando el cargo de Ábalos para adjudicar ciertas contrataciones podían tener el correspondiente beneficio económico que se repartiría entre todos. En ese esquema, Aldama se encargaba de captar a empresas a las que cobraría una mordida a cambio de un “acceso preferente” a la Administración.

Entiende el tribunal que los tres acusados, eventualmente con intervención de “terceros”, asumieron un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones. Así, Ábalos era considerado el jefe, aportaba la autoridad que le daba su cargo en el Gobierno y en el partido. Koldo García “siempre actuaba en su nombre”, y Víctor de Aldama era quien garantizaba en beneficio propio “el pago continuado” a cambio de la adjudicación de contratos.

Según la sentencia, los tres eran integrantes de la organización y acordaron la futura comisión de delitos estableciendo una organización que tenía, desde su origen, una vocación de permanencia en el tiempo.