Bruselas acusó a España de no haber introducido una reforma que permita asegurar la autonomía de Adif y Renfe respecto del Estado. También le responsabilizó de no haber habilitado un sistema de cánones operativo conforme a la directiva, y de no haber trasladado al Convenio con Adif-Alta Velocidad una modificación necesaria para acomodar la normativa nacional a la directiva.

El tribunal europeo sostiene que si bien es cierto que España ha adoptado actos legislativos para reformar el sistema de cánones, la aplicación del nuevo régimen está en suspenso hasta que Adif adopte una decisión para su implementación. Sin embargo, Adif no ha elaborado el nuevo sistema ni ha facilitado un calendario para hacerlo, y la norma nacional no establece un plazo en el que deba hacerlo.

Asimismo, el TJUE afirma que la directiva exige la reducción de costes de puesta a disposición de infraestructura y de la cuantía de los cánones de acceso, pero España aún no ha trasladado esa modificación al Convenio con ADIF-Alta Velocidad, el cual regula las aportaciones económicas y necesidades de financiación de dicha entidad. Por lo tanto, concluye la sentencia, las disposiciones de la Directiva no se han puesto en marcha de manera efectiva.

En su sentencia dictada este jueves, el tribunal europeo desestima el recurso de Bruselas y le condena en costas.