En su opinión, el Gobierno ha afrontado la elaboración de esta ley con la mirada puesta en el coste presupuestario de las medidas que contiene, por lo que no se ajusta a lo que es habitual en la normativa europea.

"Esta ley", dijo, "no es más que un paso y no puede ser la regulación definitiva de las ayudas a las víctimas de los delitos violentos. Si el Gobierno se hubiera atrevido a escoger la fórmula que propugna el PP con la creación de un fondo financiado con crgo al interés social del 0,5% del IRPF, del Consorcio de Compensación de Seguros y las aportaciones de entidades públicas y privadas, el coste a la larga habría sido menor".

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, cifró hoy en 15.000 millones de pesetas el coste anual de la aplicación de esta ley, que puede ayudar a unas 14.000 víctimas de crímenes violentos al año.

Uno de los fallos más destacados de esta norma, según Trillo, es la ausencia de convencimiento por parte del Gobirno de que es "necesario adelantar las indemnizaciones derivadas de los actos terroristas y violentos con la colaboración de la sociedad, de la que no se fían y que podría subvenir a través de se fondo estos gastos".

A pesar de que el dirigente popular considera que el proyecto de ley del Gobierno se ha quedado corto, afirmó que su grupo apoyará el texto, si se demuestra eficaz, "como un primer paso, aunque procuraremos incorporar la alternativa que se desprende de nuestro propio proyecto".

El PPdefiende en su propuesta que se retenga el 20% de sus ingresos a los condenados por delitos violentos para resarcir a sus víctimas.