Serret fue condenada a pagar una multa de 12.000 euros y a un año de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos, por un delito de desobediencia continuada por la organización del referéndum sobre la independencia de Cataluña.

El Supremo explica que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) no ha declarado la nulidad del artículo 1.1 de la Ley de Amnistía, que define el ámbito objetivo de la norma, sino que propugna una interpretación de la misma.

Por ese motivo, el auto indica que el recurso de casación de Serret cumple con el ámbito objetivo de aplicación de la amnistía y que, por lo tanto, “no contraviene, según lo ha establecido el Tribunal Constitucional en los términos dichos, la Constitución española”.