Asimismo, el acusado ha sido condenado a indemnizar con un total de 120.000 euros a las víctimas, declarándose la responsabilidad civil directa de la compañía de seguros del colegio, y la subsidiaria de la fundación titular del colegio.

En su sentencia, el Supremo considera que las declaraciones de los menores víctimas han sido corroboradas por otros elementos de prueba y son prueba suficiente para un pronunciamiento de condena.

El alto tribunal considera también que la calificación jurídico-penal de los hechos como delito continuado de abusos sexuales, concurriendo la agravación de prevalimiento, es correcta y estima, por último, que la entidad aseguradora del colegio es responsable civil directo y debe responder por los daños y perjuicios causados, sin que pueda oponer frente a las víctimas la excepción de falta de cobertura del seguro por tratarse de un delito doloso.

Esa excepción, insiste la sentencia del Supremo, sólo opera en la relación interna entre asegurador y asegurado y no en relación con los menores perjudicados.