El CSIF ya presentó el pasado noviembre un recurso contencioso-administrativo contra esta orden, que fue admitido a trámite por el TSJA el pasado 16 de enero.

En aquel recurso, esa central sindical advertía de que la concertación del Bachillerato carecía de justificación suficiente, al tratarse de una etapa no obligatoria, y reclamó que los recursos públicos se destinaran a reforzar la red pública educativa.

Mónica de Cristóbal, portavoz de CSIF Educación Aragón, celebró que la decisión del TSJA tume “la decisión política impulsada por el PP y Vox”, que conforman actualmente el Gobierno en Aragón.

De Cristóbal subrayó que esas medidas cautelarísimas son “necesarias”. “Tenemos 1.200 plazas libres en el Bachillerato público y esto hace que no se requiera una concertación de una enseñanza que no es obligatoria. De momento, la Justicia nos está dando la razón”, apostilló.

“INJUSTIFICABLE”

La resolución del TSJA impide, de forma cautelar, que la medida despliegue sus efectos mientras se resuelve el fondo del asunto. Para el CSIF, esa concertación avanzaría en la privatización de la enseñanza y comprometería el uso responsable de los recursos públicos.

“Se trata solo del inicio del proceso. Esta suspensión cautelar representa un paso importante en defensa de la educación pública, especialmente en un contexto en el que la red pública dispone de plazas vacantes y arrastra importantes déficits de personal, infraestructuras y recursos”, indicó el CSIF.

Este sindicato consideró “injustificable” destinar fondos públicos a concertar una etapa no obligatoria como el Bachillerato cuando existen plazas disponibles en los centros públicos y la prioridad debería ser reforzar la red pública educativa.

“El dinero público debe dirigirse a mejorar los centros públicos, atender sus necesidades reales y garantizar una enseñanza pública fuerte, suficiente y de calidad. La concertación del Bachillerato no responde a una necesidad del sistema educativo aragonés, sino a una decisión política que debilita la red pública”, indicó.