El político está siendo investigado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la supuesta contratación irregular en 2017 de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la Diputación de Badajoz.

La decisión de Tribunal Superior es recurrible ante el Supremo. De momento, la causa vuelve a manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, para que concluya la instrucción.

En su auto, los magistrados consideran que el aforamiento se logró en “fraude de ley o abuso del derecho” al maniobrar de manera “apresurada y torticera” para ser nombrado diputado en la Asamblea regional tras conocer su procesamiento en la causa del hermano del presidente.