Finalmente, las obras fueron trasladadas por la Guardia Civil en diciembre de 2017 mientras el Gobierno de la Generalitat estaba intervenido por la aplicación del artículo 155 de la Constitución durante el ‘procés’.

La sentencia señala que Puig no incurrió de forma “reiterada y persistente” en incumplimiento de la orden del tribunal, por lo que “no estamos en condiciones de afirmar que su negativa a materializar el traslado de las 44 obras depositadas en el Museo Diocesano de Lleida hasta el Monasterio de Sijena fuera abierta y que respondiera a los calificativos de mostrarse franca, clara, patente, indudable, indisimulada, evidente o inequívoca”.

El tribunal insiste en que no se ha podido demostrar que la negativa de Puig a entregar las obras respondiera a “una voluntad rebelde y de contumaz oposición al mandato judicial”. La Fiscalía pedía para el exconseller una multa de 6.000 euros. Por su parte, la acusación particular del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena pedía 99.000 euros de multa y dos años de inhabilitación para Puig.