Según informaron a Servimedia fuentes del Área de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, el TSJM resuelve que el demandante" no acredita que la aplicación del Plan Reside provoque daños y perjuicios de imposible reparación que señala y que sustentarían la activación de las medidas cautelares que solicita".

Del mismo modo, destaca, según las mismas fuentes, "que no acredita ninguna de las alegaciones que plantea" y señala que "el Plan Reside no supone una afectación al conjunto de la actividad de las viviendas de uso turístico", además de imponer costas al demandante.

A juicio del Consistorio, el Plan Reside ha demostrado ser útil en la reducción de las viviendas de uso turístico ilegales. Según los datos del Gobierno municipal, el número de viviendas que han restablecido la legalidad ante la apertura de un procedimiento y han vuelto al uso residencial en 2025 creció un 10,2%.

Con respecto a esta sentencia, desde el Área de Urbanismo señalaron que la Fiscalía de Madrid concluyó que el Ayuntamiento de Madrid “había actuado con diligencia en todo lo relativo a la inspección y disciplina urbanística en relación con las Viviendas de Uso Turístico localizadas en el municipio de Madrid” y archivó las diligencias de investigación que comenzaron en abril tras la denuncia de Más Madrid.

Atendiendo a los datos de la memoria del primer Plan de Inspección Urbanística Municipal (PIUM) para el período 2024-2025 elaborado para el Consejo Rector de la Agencia de Actividades, el Servicio de Inspección y Disciplina analizó entre mayo de 2024 y diciembre de 2025 un total de 2.589 denuncias, de las cuales casi el 70% procedieron de ciudadanos (asociaciones de vecinos y otras asociaciones, particulares…), mientras que el 30% restante fue formulado por la Policía Municipal, el Área de Medio Ambiente y las juntas de distrito.

Durante los 20 meses analizados en la memoria, se realizaron 2.042 inspecciones y se detectaron 1.893 viviendas de uso turístico, de las cuales 1.788 operaban sin título habilitante.

El Ayuntamiento de Madrid emitió orden de cese para 397 de estas viviendas, un 22%. Preguntado por esta cifra que ha suscitado críticas en la oposición de Más Madrid y el PSOE, Carabante señaló que “cuando se inspeccionan, hay que acreditar primero de manera fehaciente que se está prestando el servicio de vivienda de uso turístico y eso no es tan sencillo” porque “el que haya un letrero” o “un cajetín con las llaves no supone la prueba de que se desarrolla esa actividad” y por tanto es “complejo” conseguir algo que sirva “como prueba la prestación de ese servicio”.

Desde la puesta en marcha del PIUM, según el Ayuntamiento, 497 viviendas han recuperado la legalidad. En 2025 la suma de las VUT que restablecieron la legalidad de forma voluntaria ante la apertura del procedimiento y las que lo hicieron con posterioridad se elevó hasta las 323 viviendas restablecidas.