Los datos del pasado año confirman la tendncia a la baja de este tipo de actividad delictiva, que en 1998 provocó unas perdidas de unos 1.500 millones de pesetas.

La reducción de las pérdidas se debe a las numerosas acciones penales llevadas a cabo sobre emisoras locales que emitían películas de manera ilegal y a la campaña emprendida por EGEDA para informar a los operadores de la manera de actuar lícitamente.

Hace cuatro años, un 30 por ciento de las más de 1.400 emisoras locales de televisión por cable y ondas que funcionan en España cmetía diariamente fraudes contra la propiedad intelectual, al emitir películas y programas sin autorización.

En la actualidad, se calcula que el número de emisoras locales que incumplen la ley está muy por debajo del 10 por ciento. En el mapa del fraude destaca la comunidad andaluza, que cuenta con el mayor porcentaje de las instalaciones defraudadoras.