La propuesta de Uatae contempla distintos niveles de vulnerabilidad dentro del trabajo autónomo, y toma como referencia el modelo de consumidor vulnerable ya existente.

Así, planteó la categoría de trabajador autónomo vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social, en función de los niveles de renta, la situación familiar o la percepción de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Esta clasificación llevará aparejadas medidas específicas destinadas a reducir los principales costes que afectan a la actividad económica, como la extensión del bono social eléctrico al suministro energético de los locales comerciales, con descuentos que podrían alcanzar entre el 65% y el 100% de la factura eléctrica en función del grado de vulnerabilidad.

Por otro lado, planteó la creación de un bono social térmico para compensar los costes de climatización, ayudas para aliviar el pago de hipotecas vinculadas a la actividad económica (mediante congelación de cuotas o ampliación de plazos) y medidas para limitar las subidas del alquiler de los locales comerciales, en concreto cuando los arrendadores sean grandes tenedores.

La secretaria general de Uatae, María José Landaburu, defendió que la creación de la figura del autónomo vulnerable “permitiría reforzar el escudo social para quienes sostienen miles de pequeños comercios en todo el país” y que, en muchos casos, “tienen muy poco margen para absorber las subidas de costes”.

Uatae expuso que las medidas planteadas deberían aplicarse, al menos, durante todo 2026 con posibilidad de prórroga si se mantienen las circunstancias económicas actuales, mientras que algunas herramientas de protección energética podrían mantenerse de forma estructural.